Un pilar fundamental de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. El Control Social es el derecho y deber que tienen los ciudadanos, de manera individual o colectiva, de vigilar, supervisar y hacer seguimiento a la correcta utilización de los recursos públicos, al cumplimiento de las políticas, programas y proyectos estatales, y a la calidad de los servicios públicos.
Esta participación activa fortalece la democracia, promueve la rendición de cuentas y garantiza una administración más eficiente y cercana a la comunidad.
Normatividad: El Control Social se sustenta en los artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015, entre otras disposiciones que promueven el ejercicio de la veeduría ciudadana como mecanismo de control democrático.
